La semana pasada culminó el septuagésimo tercer (73) período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas, asamblea que es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, que cuenta con 193 estados miembros. Los principales temas tratados tuvieron que ver con: fortalecimiento y promoción del marco de tratados internacionales; otorgamiento de la condición de observadores al Nuevo Banco de Desarrollo, al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y otras organizaciones; salvaguarda del espacio oceánico para las generaciones presentes y futuras; solicitud de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias de las obligaciones jurídicas que incumben a los Estados en virtud de diversas fuentes del derecho internacional con respecto a las inmunidades de los Jefes de Estado y de Gobierno y otros altos funcionarios; la responsabilidad de proteger y la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad; la situación en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania; además de un tributo a Kofi Annan, su reciente fallecido exsecretario general, entre otros aspectos.

En su columna en la revista Semana, el periodista Daniel Coronell denunció que, a través de una empresa panameña, de la que era socio, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue clave para realizar un negocio que, según el columnista, lo enriqueció a él y empobreció a 117 municipios de Colombia. ¿Cuál es la denuncia completa?

Según el periodista todo empezó cuando Carrasquilla ocupó por primera vez la cartera de Hacienda entre 2003 y 2007. En ese momento, habría impulsado una reforma constitucional que terminó siendo ley en el 2007 y que, en otras palabras, les dio a los alcaldes la posibilidad de empeñar recursos futuros y adelantar la recepción de esos dineros pagando una tasa de interés a un intermediario.

Dice Coronell que unos meses después de esa norma, el ya entonces exministro se juntó con Andrés Flórez, quien había sido su director General de Regulación Financiera en el ministerio, y crearon una compañía llamada Konfigura que, según el periodista, desempeñó un papel clave en la operación de la ley y ganó millones.

Comunicado del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia sobre la urgente necesidad de atender la crisis del desfinanciamiento de las universidades públicas en Colombia.

El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia manifiesta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, la profunda preocupación que alberga por el progresivo desfinanciamiento de las universidades públicas de nuestro país y de nuestra querida Alma Máter en particular. Una cifra cercana a los 15 billones de pesos de desfinanciamiento acumulado a lo largo de varios años y que sigue creciendo, afecta la viabilidad de las instituciones y crea un escenario de riesgo inminente para la continuidad de sus labores. Hace un llamado al Gobierno nacional a que atienda con urgencia esta situación a través de estrategias que permitan gradualmente alcanzar condiciones de sostenibilidad financiera.