Lucha sindical - CUT Antioquia

El BID habla de mayor cobertura en pensiones

BIDEl presidente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Luis Alberto Moreno, también habló del tema pensional en Colombia y dijo que el país requiere hacer cambios fuertes en el esquema, para lograr que más colombianos tengan protección en la vejez.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo señala que todas las propuestas serán bienvenidas, pero las decisiones finales se tomarán de manera concertada en la mesa establecida para estudiar el tema.

Recientemente la Ocde también puso sobre el tapete que en esta nación, por equidad con la mujer, se debe equiparar la edad de pensionarse de los hombres con la de las mujeres, teniendo en cuenta que ellas tienen menos tiempo para cotizar y, por consiguiente, su retorno mensual después de concluir su etapa laboral, también es menor.

Organizaciones sindicales del gremio magisterial de Antioquia, rechazamos el proyecto de ordenanza sobre nuevo modelo educativo

EducaciónLa Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, sus sindicatos filiales ADIDA y ASDEM, junto con las asociaciones del sector educativo de Antioquia USDIDEA, ADNEA y ADEA, manifestamos a la ciudadanía del Departamento y a la comunidad educativa en particular, nuestra inconformidad con las intenciones del Proyecto de Ordenanza No. 30 sobre un nuevo “Modelo Educativo 2020-30” para los antioqueños, que se tramita en la Asamblea Departamental y cuyo último debate será el miércoles 16 de octubre.

Este Proyecto de Ordenanza es inconstitucional porque pretende legislar y administrar un nuevo modelo educativo para Antioquia, más allá de las facultades de la Administración Departamental y de las que son inherentes al Congreso de la República. El artículo primero de la Constitución establece que Colombia es una república unitaria, cuyas normas deben regir en toda la nación y no puede un departamento hacer las suyas. Igualmente, en su artículo 130 se refiere a las funciones del Congreso precisando sus competencias (literal 19) y la facultad para expedir leyes (literal 23), así como en el artículo 150 que faculta al mismo Congreso para hacer las leyes, reformarlas o derogarlas.

Además, el Proyecto incurre en ilegalidad al no cumplir con el requisito de concertarse con la sociedad. Las organizaciones sindicales que suscribimos este documento, representamos a la mayoría de los trabajadores del sector educativo y no fuimos convocados a participar y construir el Proyecto. Por el contrario, cuando establece "armonizar la calidad de la educación de nuestros territorios con los compromisos internacionales”, se infiere con facilidad que tales compromisos son los contraídos con la OCDE, en lugar de la comunidad educativa. Además, suscita suspicacias un Proyecto que se pretende aprobar a escasos tres meses de culminar la administración de Luis Pérez.

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