La Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, sus sindicatos filiales ADIDA y ASDEM, junto con las asociaciones del sector educativo de Antioquia USDIDEA, ADNEA y ADEA, manifestamos a la ciudadanía del Departamento y a la comunidad educativa en particular, nuestra inconformidad con las intenciones del Proyecto de Ordenanza No. 30 sobre un nuevo “Modelo Educativo 2020-30” para los antioqueños, que se tramita en la Asamblea Departamental y cuyo último debate será el miércoles 16 de octubre.

Este Proyecto de Ordenanza es inconstitucional porque pretende legislar y administrar un nuevo modelo educativo para Antioquia, más allá de las facultades de la Administración Departamental y de las que son inherentes al Congreso de la República. El artículo primero de la Constitución establece que Colombia es una república unitaria, cuyas normas deben regir en toda la nación y no puede un departamento hacer las suyas. Igualmente, en su artículo 130 se refiere a las funciones del Congreso precisando sus competencias (literal 19) y la facultad para expedir leyes (literal 23), así como en el artículo 150 que faculta al mismo Congreso para hacer las leyes, reformarlas o derogarlas.

Además, el Proyecto incurre en ilegalidad al no cumplir con el requisito de concertarse con la sociedad. Las organizaciones sindicales que suscribimos este documento, representamos a la mayoría de los trabajadores del sector educativo y no fuimos convocados a participar y construir el Proyecto. Por el contrario, cuando establece "armonizar la calidad de la educación de nuestros territorios con los compromisos internacionales”, se infiere con facilidad que tales compromisos son los contraídos con la OCDE, en lugar de la comunidad educativa. Además, suscita suspicacias un Proyecto que se pretende aprobar a escasos tres meses de culminar la administración de Luis Pérez.

Desde las gigantescas movilizaciones que se vivieron durante el segundo semestre del 2018 y desembocaron en la obtención de 5.3 billones para la educación superior, los trabajadores, dirigentes sindicales y la sociedad en general tomaron como suyas las reivindicaciones sobre una educación pública, gratuita, científica y de alta calidad. Durante este año, sumado a las exigencias por el cumplimiento total de lo acordado el diciembre pasado entre el gobierno nacional y la comunidad académica, los estudiantes se han movilizado para que cese la corrupción en las universidades y contra la represión de la protesta y movilización social.

El gobierno de Iván Duque fiel a su talante antidemocrático ignora de forma consistente los reclamos ciudadanos e impone una agenda que empobrece y esquilma los bolsillos de las familias colombianas. Prueba de ello son las nefastas noticias sobre una reforma laboral para trabajar por horas y con menos garantías laborales, la reforma pensional que los organismos internacionales quieren imponer al país y el creciente desempleo y destrucción del aparato productivo con importaciones de productos que podrían producir los colombianos, como los alimentos y las confecciones.