Los sectores populares, las organizaciones sociales y sindicales tienen la obligación moral de movilizarse para exigirle al gobierno, en sus instancias municipal, departamental y nacional, que establezca de una vez por todas, un mínimo vital social-alimentario que mitigue, en parte, los daños causados por la pandemia a los sectores más vulnerables y necesitados de la sociedad.
Este mínimo vital social-alimentario, apunta a que toda persona tiene derecho a una existencia digna esencialmente en bienestar y alimentación, lo cual es muy difícil en el “país del sagrado corazón de Jesús”, toda vez que el gobierno Duque insiste y reafirma el modelo neoliberal, arrinconando cada vez más a la clase trabajadora, arrebatando derechos conquistados gracias a la lucha sindical y social, y aunque Colombia firmó y ratificó El Protocolo de San Salvador (en vigencia a partir de 1999), los empresarios han despedido a miles de trabajadores -en medio de la pandemia- impidiendo así “la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita” y por ende, obtener una remuneración que les asegure “condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias” .
Por estos días, se violenta y vulnera el principio de Dignidad Humana, uno de los pilares de Colombia como Estado Social de Derecho que es, ya que se viene sometiendo a miles de familias a vivir prácticamente de la mendicidad y/o caridad pública y, colateralmente, poniendo en riesgo la integridad física y la vida misma de los niños, niñas y jóvenes de estas familias.
En vista que ni el Estado, ni los entes territoriales garantizan este derecho fundamental alimentario, algunos ejecutivos, comisionados y sindicatos filiales de la CUT, como ADIDA, ASDEM, SINTRABECOLICAS, SINTRAIME MEDELLIN, SINTRAUNIDEAL, ANTHOC DEPARTAMENTAL, SINTRAEMDES MEDELLIN, SINDESENA, SINTRATEXTIL MEDELLIN y ANEBRE, entre otros, los cuales, a través de lo que llamamos clasistamente, aporte solidario, han hecho posible, hasta la fecha, la entrega de 270 paquetes de alimentos, a compañeros y compañeras cabezas de familia, buena parte de ellos trabajadores cesantes, o en conflicto laboral o en precaria situación económica.
Es la anterior una iniciativa encaminada a llevar a la práctica, desde el mismo movimiento clasista y sindical, a través de la solidaridad (como ya ha ocurrido en multitud de conflictos obrero patronales), un MÍNIMO VITAL SOCIAL – ALIMENTARIO, en favor de trabajadoras y trabajadores, al igual que en beneficio de sectores vulnerables y necesitados de la sociedad.
Cielo Correa Restrepo